Vecinos de Metán reclaman una intervención judicial ante los reiterados ingresos de un joven con discapacidad a viviendas particulares. La Policía ya habría advertido la situación, pero las familias aseguran que el problema se repite y crece la preocupación en los barrios.
La inseguridad volvió a poner en alerta a vecinos de Metán tras un nuevo ingreso a una vivienda ubicada en inmediaciones del canal. Según denunciaron, un joven fue visto saliendo del lugar con una bolsa cargada con paltas, en un episodio que reavivó el malestar de familias que aseguran venir padeciendo situaciones similares desde hace tiempo.
El caso tiene un componente que agrava el cuadro;se trata de un joven con discapacidad, según información conocida en actuaciones anteriores, y con presuntos problemas vinculados al consumo. Por esa condición, la intervención policial termina siendo limitada. Lo demoran, se labran las actuaciones correspondientes y, si no hay una orden judicial que disponga otra medida, vuelve a la calle en poco tiempo.
Ese es el punto que hoy genera mayor reclamo. Los vecinos no piden una reacción improvisada, sino una decisión judicial que atienda el problema de fondo. La situación requiere una evaluación profesional, intervención sanitaria si corresponde y una medida que permita resguardar tanto al joven como a las familias afectadas.
En las viviendas denunciadas viven menores, mujeres mayores y familias que ya no se sienten tranquilas dentro de sus propios hogares. El temor no pasa solamente por la sustracción de frutas o el daño en patios y plantas. El problema es el ingreso a una propiedad privada y el riesgo de que, ante una reacción inesperada, el hecho termine en una consecuencia más grave.
La Policía puede intervenir ante cada llamado, pero no puede suplir una resolución de la Justicia. Sin una medida específica, el circuito se repite: denuncia, demora, actuaciones y libertad. Mientras tanto, los vecinos aseguran que deben modificar su vida cotidiana para evitar nuevos ingresos a sus casas.
El reclamo apunta ahora al ámbito judicial. La comunidad pide que se actúe antes de que el conflicto escale. La discapacidad del joven debe ser contemplada, pero no puede transformarse en una zona sin respuesta frente a hechos que afectan la seguridad y la tranquilidad de terceros.
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