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El diputado nacional Bernardo Biella impulsa cambios en la Ley de Salud Mental para habilitar internaciones en casos graves de adicciones y reforzar la atención pública en todo el país.
El debate por la actualización de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 volvió a cobrar fuerza en un contexto marcado por el crecimiento de los consumos problemáticos en distintos puntos del país. Desde el Congreso, el diputado nacional Bernardo Biella impulsa una serie de modificaciones puntuales orientadas a fortalecer las herramientas de intervención del sistema de salud y revisar los límites actuales en materia de internación.
La normativa vigente, sancionada en 2010, fue concebida bajo un paradigma de protección de derechos y desmanicomialización. Sin embargo, con el paso de los años, distintos sectores médicos comenzaron a advertir dificultades para su aplicación en casos de adicciones severas, donde —según plantean— la capacidad de decisión del paciente se encuentra comprometida.
“Cuando se aprobó la ley ya advertía que iba a tener serios problemas para implementarse, y así fue”, sostuvo Biella. Con el tiempo, aseguró, esas limitaciones se profundizaron frente al avance del consumo de sustancias y su impacto social.
Internación y facultades médicas
Uno de los ejes del proyecto apunta a modificar el artículo 4 de la ley, que establece que las personas con padecimientos mentales conservan los mismos derechos y obligaciones que el resto de la población. Según explicó el legislador, esa redacción limita la posibilidad de disponer internaciones involuntarias en situaciones críticas.
“Damos la potestad al médico psiquiatra de generar la internación en los casos que así corresponda”, señaló.
La iniciativa propone habilitar a profesionales de la salud mental, particularmente psiquiatras, a indicar internaciones cuando exista riesgo concreto para la vida del paciente o de terceros, incluso sin consentimiento expreso en etapas donde la persona no se encuentra en condiciones de decidir.
“Hay casos donde pasan entre diez y catorce días para que el cerebro tome dimensión de que está internado”, afirmó.
Dispositivos de internación y atención especializada
El planteo legislativo también incluye la creación de espacios específicos dentro de hospitales públicos para el abordaje de crisis por adicciones. La propuesta contempla áreas diferenciadas en terapia intensiva, internación general y dispositivos intermedios, con personal capacitado para intervenir en cuadros de abstinencia.
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“No es lo mismo atender una neumonía que una crisis por consumo. Se necesita personal idóneo y lugares adecuados”, remarcó.
Profesionales del área advierten que estos pacientes requieren condiciones particulares de contención, ya que pueden presentar episodios de agitación, alteraciones conductuales y situaciones de riesgo que no son comparables con otras patologías clínicas.
En paralelo, se busca formalizar la integración de equipos interdisciplinarios, incorporando de manera obligatoria a trabajadores sociales, psicólogos, enfermería especializada y terapistas ocupacionales.
Rehabilitación y reinserción
Otro de los puntos que impulsa la reforma está vinculado a la etapa posterior al tratamiento. El proyecto propone incorporar programas de reinserción social y laboral, con foco en la capacitación y generación de ingresos.
“El 52% no terminó la secundaria. Entonces hay que darles herramientas para salir adelante”, expresó Biella.
Datos relevados en el ámbito sanitario indican que una proporción significativa de personas con consumos problemáticos no completó estudios formales, lo que limita su acceso al empleo registrado.
Asimismo, se prevé un rol activo de la familia dentro del tratamiento, no sólo como sostén emocional sino también como parte del proceso terapéutico.
“No hay una persona sola con adicciones; hay una familia entera que también sufre la enfermedad”, indicó.
Coordinación con justicia y control del narcomenudeo
El proyecto también incorpora un componente de articulación con el sistema judicial y las fuerzas de seguridad. Desde distintos sectores advierten que los tratamientos pierden efectividad cuando las personas regresan a entornos donde persiste la venta minorista de drogas.
“Si los dealers siguen en la esquina vendiendo, no vamos a conseguir absolutamente nada”, advirtió el legislador.
En ese sentido, se plantea la necesidad de reforzar el combate al narcomenudeo, mejorar la presencia territorial de las fuerzas de seguridad y avanzar en estrategias conjuntas entre salud, justicia y prevención.
Presupuesto y sistema de salud
El financiamiento aparece como otro punto central del debate. Biella sostuvo que la implementación de estos cambios requiere partidas específicas dentro del presupuesto nacional, destinadas a infraestructura, recursos humanos y dispositivos de atención.
“Por más equilibrio fiscal que se busque, estos lugares necesitan presupuesto acorde”, señaló.
La iniciativa incluye la creación de unidades especializadas en hospitales públicos, el fortalecimiento de centros de día y el seguimiento ambulatorio, actualmente limitado por falta de recursos en varias jurisdicciones.
También se propone avanzar en la digitalización de historias clínicas a nivel nacional, tomando como referencia sistemas provinciales ya implementados.
A más de una década de su sanción, la Ley de Salud Mental vuelve a ser objeto de revisión. El desafío pasa por adecuar la normativa a la realidad actual sin desvirtuar los principios de protección de derechos que le dieron origen, en un escenario donde la salud mental y las adicciones se consolidan entre las principales preocupaciones sociales.
