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Una vecina volvió a arrojar residuos sobre la vereda de José Ignacio Sierra y Alvarado. Cuando personal municipal llegó para notificarla, cruzó la calle, increpó a un equipo periodístico y agredió a un camarógrafo. Luego reivindicó los delitos de lesa humanidad y calificó a la última dictadura como “el mejor momento”.
Un nuevo episodio por la acumulación de basura en la esquina de José Ignacio Sierra y Alvarado terminó con insultos, agresiones contra trabajadores de prensa y expresiones de reivindicación de la última dictadura militar.
El incidente ocurrió frente al hospital del Carmen, cuando la subsecretaria de Ambiente Productivo, Ing. Priscila Domene y la inspectora Cecilia López se encontraban notificando a una vecina por haber depositado nuevamente una gran cantidad de residuos sobre la vereda.
El basural obstruía el paso y obligaba a los peatones a bajar a la calle para continuar su recorrido. Un vecino que transitaba por el lugar confirmó que la situación se repite desde hace tiempo y advirtió sobre el peligro de caminar entre los vehículos.
Multaron a un vecino por acumular residuos cerca del hospital de Metán
Días antes, el sector había sido limpiado. La expectativa era que la responsable retirara los residuos sin que el municipio tuviera que destinar otra vez personal, maquinaria y recursos públicos a resolver una conducta particular. Sin embargo, la basura volvió a ocupar prácticamente toda la vereda.
Agredió a un camarógrafo
El equipo de Spacio TV que se encontraba en el hospital por una entrevista vinculada con la lactancia materna aguardaba sobre la vereda mientras se realizaba la notificación. Según puede observarse en las imágenes, la mujer cruzó la calle, se dirigió hacia los trabajadores y comenzó a increparlos.
Aunque manifestó que no quería ser filmada, permaneció frente a la cámara y avanzó varias veces contra el camarógrafo. El joven retrocedió para evitar el enfrentamiento, pero recibió manotazos y un rasguño en uno de sus brazos. También intentaron quitarle el teléfono con el que registraba la situación.
Otra grabación, realizada por un vecino, muestra que fue la mujer quien se acercó al equipo. Ese registro contradice su afirmación de que estaba siendo agredida.
La ingeniera Domene también recibió insultos cuando intentaba explicar que el personal municipal solamente cumplía con el procedimiento administrativo. La entrevista debió interrumpirse debido al clima de hostilidad.
La negativa a ser filmada no justifica, bajo ninguna circunstancia, una agresión física. Mucho menos contra un trabajador que se limitaba a documentar un hecho ocurrido en la vía pública.
Una reivindicación inadmisible
El episodio alcanzó una gravedad todavía mayor durante la discusión. La mujer comparó la notificación municipal con una forma de represión y, ante las preguntas del periodista, manifestó sentirse “orgullosísima” de los delitos de lesa humanidad atribuidos a su esposo. También sostuvo que la dictadura había sido “el mejor momento”.
No se trató de una referencia confusa ni de una frase aislada. La mujer reiteró su postura delante de la cámara y definió ese vínculo como su “mayor orgullo”.
Las expresiones resultan especialmente graves en Metán, una ciudad atravesada por secuestros, tormentos, homicidios y desapariciones durante el terrorismo de Estado. En 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó a prisión perpetua a seis responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos contra vecinos de esta ciudad. Entre los sentenciados se encontraba Eduardo del Carmen Del Valle, identificado judicialmente como colaborador de las fuerzas represivas. El fallo fue informado oficialmente por el Ministerio Público Fiscal.
Reivindicar aquellos crímenes no constituye una opinión inofensiva. Es una afrenta contra las víctimas, sus familias y una comunidad que todavía conserva las marcas de aquella etapa.
Multa y posible intervención legal
El personal municipal labró el acta correspondiente y notificó a la responsable por la disposición indebida de los residuos. El caso podría avanzar por la vía administrativa y legal, tanto por la basura acumulada como por las agresiones registradas.
La conducta produjo tres consecuencias concretas: impidió el paso de los peatones, creó un riesgo sanitario y expuso a los vecinos a posibles accidentes al obligarlos a caminar por la calzada. La acumulación de materiales también representa un peligro ante un eventual incendio.
Más allá de la multa, lo ocurrido exige una respuesta clara. Ningún vecino puede convertir una vereda en basural, atacar a quienes documentan el hecho y luego pretender amparar su conducta mediante gritos o acusaciones falsas. Y mucho menos utilizar un reclamo administrativo como excusa para reivindicar una dictadura responsable de secuestros, torturas y desapariciones.
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