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En plena discusión por la crisis comercial en Metán, un concejal de La Libertad Avanza rechazó la declaración de emergencia económica y generó polémica al cuestionar las ventas por internet como parte del problema.
La aprobación de la emergencia económica y comercial en Metán, impulsada en el Concejo Deliberante a partir del planteo de la Cámara de Comercio local, no solo abrió un debate sobre la crisis que atraviesa el sector, sino que también dejó en el centro de la escena la posición del concejal Francisco Dávalos, de La Libertad Avanza, quien votó en contra y fundamentó su postura con argumentos que terminaron exhibiendo una tensión evidente con la línea política de su propio espacio.
Dávalos sostuvo que no desconoce la gravedad del cuadro económico que afecta a comerciantes y trabajadores de la ciudad. De hecho, reconoció la caída de ventas, las dificultades para afrontar alquileres y el impacto laboral derivado de esa situación. Sin embargo, justificó su voto negativo en cuestiones técnicas y reglamentarias, al considerar que el proyecto debía haber sido tratado en comisión y bajo otro procedimiento legislativo.
Hasta ahí, su planteo podía leerse como una objeción formal. Pero la contradicción apareció cuando intentó profundizar sobre las causas de la crisis comercial y apuntó contra las ventas por internet y la competencia de quienes ofrecen productos por redes sociales sin asumir —según dijo— los costos que afronta un comercio formal, como alquileres, servicios e impuestos.
Ese razonamiento no pasó inadvertido. Dávalos responde políticamente a La Libertad Avanza, el mismo espacio del presidente Javier Milei, que sostiene una prédica económica basada, precisamente, en la defensa del libre comercio, la desregulación y la menor intervención posible del Estado en la actividad privada.
Incluso durante la entrevista se le marcó esa contradicción; si la competencia abierta es parte de la doctrina del oficialismo nacional, resulta llamativo que un concejal de ese mismo sector reclame intervención frente a una modalidad de venta que considera perjudicial para el comercio tradicional.
En ese punto, la explicación del edil dejó de ser solamente técnica y pasó a revelar una inconsistencia política de fondo. Porque mientras el espacio al que pertenece promueve la libertad de mercado como principio, su discurso local terminó poniendo el foco en la necesidad de regular o limitar efectos de esa misma lógica cuando impactan sobre la economía de Metán.
A eso se sumó otro cuestionamiento planteado por el propio concejal; recordó que días antes había sido archivado otro proyecto vinculado a la emergencia del gasto público, y señaló que no existió un criterio uniforme dentro del cuerpo. No obstante, lejos de ordenar su postura, esa comparación terminó diluyendo aún más el eje del debate, que en esta oportunidad estaba centrado en la situación crítica del comercio local.
El proyecto fue aprobado por mayoría, pero la intervención de Dávalos dejó una escena política difícil de pasar por alto; reconoció la crisis, rechazó la declaración de emergencia y, al mismo tiempo, cuestionó una lógica de libre competencia que forma parte del ideario del espacio al que representa. Más que una diferencia meramente reglamentaria, lo que quedó fue una contradicción entre el discurso partidario y la realidad que atraviesa Metán.
