Las paritarias docentes 2026 volvieron a tensar la discusión salarial: los gremios y los autoconvocados buscan recuperar poder adquisitivo, mientras el Gobierno revisa hasta dónde puede avanzar.
Las negociaciones salariales del sector docente volvieron a ocupar la agenda en Salta, en medio de un escenario económico que golpea de lleno el ingreso de la administración pública. La mesa paritaria —conformada por funcionarios y representantes educativos— retomó el análisis de la propuesta inicial del gobierno, aunque no se espera una resolución inmediata.
El antecedente que empuja la discusión es la actualización de 2025, que según los trabajadores quedó alrededor de ocho puntos por debajo de la inflación. Ese desfasaje sostiene hoy el reclamo de los Docentes Autoconvocados, un sector sin reconocimiento gremial formal pero con presencia constante en las demandas salariales. Argumentan que el retroceso del salario real profundizó el deterioro de las condiciones de vida del sector.
Los planteos de 2026 se apoyan en cifras reales: un aumento cercano al 25% al mes de julio, aplicado al básico y a varios códigos salariales; un salario inicial de 800.000 pesos desde febrero; ajustes en movilidad y función diferenciada; y una actualización del 50% para zonas desfavorables desde abril. La estructura salarial —marcada por ítems superpuestos y de difícil lectura— vuelve a quedar en discusión.
A esto se suma la propuesta presentada por el gremio mayoritario, distinta a la de los autoconvocados, lo que agrega otro nivel de negociación. Desde el Ejecutivo señalan que cualquier acuerdo debe mantenerse dentro del margen financiero disponible, condicionado por la caída de la recaudación, el freno en las transferencias y los límites del presupuesto nacional.
El escenario muestra dos realidades simultáneas: trabajadores que buscan recuperar ingreso perdido y gobiernos provinciales que denuncian una reducción sostenida de recursos. En ese punto se desarrolla la paritaria. Las partes intentan evitar que el ciclo lectivo inicie con medidas de fuerza, aunque el camino para acercar posiciones todavía es incierto.
La discusión continúa abierta. El proceso queda ahora sujeto a nuevas reuniones y a la capacidad de las partes para construir un entendimiento que permita avanzar sin agravar la situación salarial ni comprometer las finanzas provinciales.
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