El Observatorio de Violencia contra la Mujer presentó en Metán un relevamiento que ubica al distrito entre los de mayor tasa de denuncias por violencia de género en la provincia, en el marco de una capacitación realizada en el Poder Judicial para fortalecer la respuesta institucional.
En una jornada de trabajo que reunió a representantes del Poder Judicial, del sistema de salud, de áreas gubernamentales y de distintos organismos vinculados a la intervención en casos de violencia, el Observatorio de Violencia contra la Mujer desarrolló en San José de Metán una capacitación orientada a fortalecer la articulación institucional frente a situaciones de violencia por motivos de género y violencia familiar.
La actividad se llevó a cabo en el ámbito del Poder Judicial y estuvo centrada en la presentación de una herramienta de abordaje pensada para ordenar, agilizar y hacer más eficiente la respuesta de las instituciones que intervienen en la denominada ruta crítica de asistencia a personas en situación de violencia. El encuentro tuvo además una impronta local: no se trató solo de exponer lineamientos generales, sino de abrir un espacio de análisis sobre la realidad del distrito, sus recursos disponibles, sus limitaciones y las dificultades que persisten en el acceso a la justicia.
La anfitriona de la jornada fue la Dra. Frida Bosernitzan, jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia, con designación en el Distrito Judicial del Sur – Circunscripción Anta, quien valoró la convocatoria, la diversidad de sectores presentes y el sentido institucional del encuentro. Durante su intervención, remarcó la importancia de que la Justicia mantenga una apertura real hacia la comunidad y sostuvo que la respuesta obtenida en la participación de distintos actores sociales representa, en sí misma, una señal positiva.
Bosernitzan destacó que la capacitación organizada por el Observatorio generó un espacio de intercambio amplio sobre una problemática de alta sensibilidad social, y consideró especialmente relevante la presencia de organismos de distintas áreas, en tanto esa participación expresa también una forma de responder a lo que la sociedad espera de quienes intervienen como operadores de justicia.
Una herramienta para ordenar la intervención y reducir obstáculos
Desde el Observatorio de Violencia contra la Mujer explicaron que la propuesta presentada en Metán consiste en una herramienta de trabajo interinstitucional destinada al abordaje de situaciones de violencia por motivos de género. Según señalaron, el objetivo es poner a disposición de los distintos organismos un esquema que permita clarificar funciones, mejorar la coordinación entre áreas y reducir los obstáculos que muchas veces enfrentan las víctimas al momento de buscar asistencia o iniciar una denuncia.
Indicaron que la idea central no es aplicar un modelo rígido, sino trabajar esa herramienta desde la realidad local, teniendo en cuenta tanto los recursos con los que cuentan los municipios que integran el distrito como los problemas que persisten en el acceso a la justicia. En ese marco, subrayaron que la utilidad del instrumento depende precisamente de su construcción colectiva.
En ese sentido, señalaron que la herramienta no se agota en una exposición técnica elaborada desde afuera, sino que se nutre de la experiencia y de los aportes de quienes intervienen cotidianamente en los casos: Justicia, Hospital, áreas de género, fiscalías y demás organismos. El propósito, remarcaron, es que ese trabajo conjunto permita allanar procesos, hacer más clara la intervención estatal y ofrecer una respuesta que no quede solo en el plano teórico, sino que sea verdaderamente aplicable en el territorio.
También precisaron que una de las metas de este trabajo es identificar con mayor claridad cuáles son las problemáticas locales, qué necesidades específicas existen en el distrito y qué respuestas pueden diseñarse en base a esas condiciones reales. La intención, explicaron, es avanzar hacia propuestas concretas, posibles y eficientes, que resulten útiles no solo para la persona que atraviesa una situación de violencia, sino también para los organismos que deben intervenir y coordinarse entre sí.
La articulación entre organismos, uno de los puntos centrales
Uno de los conceptos que atravesó toda la jornada fue el de articulación interinstitucional. Desde el Observatorio insistieron en que la violencia de género y la violencia familiar exigen una intervención coordinada entre distintas áreas del Estado, ya que ningún organismo por sí solo puede dar una respuesta integral a la complejidad de estos casos.
En esa línea, sostuvieron que el trabajo debe orientarse a construir mecanismos de relación más fluidos entre las instituciones que reciben consultas, detectan casos, toman denuncias, brindan asistencia médica, acompañan procesos judiciales o sostienen dispositivos de contención. La propuesta presentada en Metán apuntó, justamente, a ordenar esas relaciones y a pensar cómo pueden mejorarse desde el funcionamiento concreto de cada organismo.
El enfoque puesto sobre el territorio también tuvo peso en ese planteo. Quedó expuesto durante la capacitación que no todas las ciudades presentan la misma realidad, ni cuentan con idénticos recursos, ni registran las mismas dificultades. Por eso, una de las claves del encuentro fue revisar cómo se interviene en Metán y en los municipios del distrito, y de qué manera puede consolidarse una red institucional más efectiva.
El rol del sistema de salud y la intervención temprana
Durante la jornada se abordó especialmente el papel del sistema de salud como uno de los eslabones más importantes en la detección temprana de situaciones de violencia. Desde el Observatorio recordaron que en la provincia de Salta rige la Ley 7.888, que obliga a funcionarios de salud y educación a denunciar los casos que detecten en el marco de sus funciones.
A partir de ese marco legal, se destacó la importancia de contar con herramientas claras que permitan transformar el conocimiento de una situación en una intervención efectiva. En particular, se puso el foco en el trabajo de los agentes sanitarios, por su cercanía cotidiana con las familias y por la posibilidad concreta que tienen de advertir signos de violencia en etapas iniciales.
Desde el organismo señalaron que los agentes sanitarios suelen ser el primer eslabón de contacto con la comunidad y que, por lo tanto, su participación resulta decisiva para activar a tiempo los mecanismos de protección. La idea, explicaron, es que esos actores no solo detecten una situación problemática, sino que sepan cómo canalizarla para que llegue efectivamente a la Justicia y a los organismos competentes antes de que el cuadro se agrave.
En ese punto, durante el encuentro se remarcó que la detección e intervención tempranas pueden resultar decisivas para evitar que una situación violenta escale. Se señaló, por ejemplo, la necesidad de actuar cuando recién se inicia una situación conflictiva dentro de una pareja y ya existen indicios de violencia de género, con el propósito de prevenir consecuencias mayores.
También se hizo referencia a las diferencias existentes entre sectores. Mientras que en educación ya existen herramientas más incorporadas y protocolos de actuación con mayor desarrollo, en salud —se indicó— todavía hay aspectos por fortalecer. Por eso, la jornada también estuvo orientada a acompañar ese proceso y a consolidar criterios de acción.
Metán, entre los departamentos con mayor tasa de denuncias
Uno de los momentos más relevantes del encuentro estuvo vinculado a la exposición de datos estadísticos sobre denuncias por violencia familiar y de género. Desde el Observatorio explicaron que, para analizar la situación local, trabajaron sobre dos fuentes: por un lado, la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial (OVIF), que aborda específicamente lo correspondiente al Distrito Sur; por otro, el Sistema Único de Denuncias de la Provincia de Salta, implementado hace un año y medio para violencia de género y familiar.
A partir de ese análisis, señalaron que en Metán se advierte un dato particularmente importante: al observar la tasa de denuncias en relación con la cantidad de habitantes, el departamento presenta una proporción muy alta, incluso superior a la de Salta capital.
Desde el organismo aclararon que este tipo de lectura no debe hacerse solamente en términos absolutos, es decir, mirando la cantidad total de denuncias, porque eso podría llevar a interpretaciones parciales. Lo importante, remarcaron, es considerar cuántas denuncias existen por cada cien habitantes, ya que ese indicador permite dimensionar con mayor precisión el peso real de la problemática en el territorio.
La observación de esa tasa, indicaron, refuerza la necesidad de contar con respuestas institucionales más ágiles y coordinadas. Según explicaron, el sistema de herramientas y flujogramas que vienen impulsando apunta precisamente a mejorar la capacidad de respuesta frente a una demanda que, en proporción a la población local, presenta niveles elevados.
El impacto en niños, niñas y adolescentes
Otro de los ejes abordados fue la situación de los hijos e hijas en contextos de violencia. Desde el Observatorio aclararon que el flujograma presentado en esta oportunidad está destinado específicamente al abordaje de personas mayores de 18 años. Sin embargo, subrayaron que eso no implica desconocer el fuerte impacto que las violencias en parejas adultas generan sobre niños, niñas y adolescentes.
En ese marco, señalaron que existen protocolos específicos en salud y educación vinculados a esa población, y remarcaron que las violencias directas e indirectas que atraviesan los adultos repercuten inevitablemente en los núcleos familiares. Por esa razón, consideraron necesario continuar fortaleciendo los mecanismos de abordaje destinados a menores de edad, tanto para los casos en que son víctimas directas como para aquellos en los que padecen las consecuencias de situaciones violentas en su entorno.
El planteo dejó en claro que la respuesta institucional no puede fragmentarse y que, aun cuando existan herramientas diferenciadas según la edad de las personas afectadas, la problemática debe leerse de manera integral.
La apertura del Poder Judicial y el trabajo en las escuelas
Al referirse al vínculo entre la Justicia y la comunidad, la jueza Frida Bosernitzan sostuvo que esa apertura resulta indispensable y recordó que desde el Poder Judicial también se viene trabajando en programas de formación y concientización fuera del ámbito tribunalicio.
En ese punto mencionó el programa “La Justicia sale a las escuelas”, desarrollado a través de la Escuela de la Magistratura, mediante el cual se realizan visitas a establecimientos educativos del distrito para capacitar a estudiantes, en especial adolescentes, sobre distintas problemáticas, entre ellas la violencia y cuestiones relacionadas con el acceso a derechos y a instancias de denuncia.
Bosernitzan indicó que uno de los aspectos que más llamó la atención en esos recorridos fue el grado de conocimiento que hoy tienen muchos adolescentes sobre la temática. Según relató, los jóvenes participan, devuelven inquietudes, identifican situaciones problemáticas y saben dónde dirigirse para realizar denuncias. Señaló, además, que en los últimos años se observó un avance significativo en materia de capacitación y comprensión del tema entre los estudiantes, aunque todavía persisten aspectos sobre los que es necesario profundizar.
Ese señalamiento fue leído como un dato alentador dentro de una problemática compleja: la existencia de mayor información y de un reconocimiento más claro de las situaciones de violencia entre adolescentes aparece como un elemento relevante para la prevención y la detección temprana.
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