SPACIO NOTICIAS SITIO OFICIAL!
El diputado Gustavo Orozco presentó en la Cámara de Diputados un informe sobre el tráfico aéreo de cocaína desde Bolivia hacia Salta, defendió la sanción de una ley de derribo y puso en evidencia la ausencia de protocolos y recursos para interceptar vuelos ilegales en la frontera norte.
El pleno de la Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes un proyecto de declaración, unificado a partir de iniciativas presentadas por Socorro Villamayor y Gustavo Orozco, que insta al Congreso de la Nación a sancionar una ley de derribo como herramienta extraordinaria para combatir el narcotráfico aéreo en el norte argentino.
Orozco, exintegrante de la División Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta, explicó las razones de su petición con datos y una demostración práctica. Encabezó un sobrevuelo de inspección hasta el límite con Bolivia con el objetivo de visibilizar la falta de controles en una de las zonas más sensibles del norte argentino. A bordo de una aeronave similar a las que utilizan los narcotraficantes, recorrió la denominada “zona caliente” y simuló el ingreso de un vuelo narco, con el fin de demostrar lo sencillo que resulta hoy cruzar el espacio aéreo nacional sin ser detectado.
El legislador sostuvo que la mayor parte del tráfico de cocaína tiene su origen en Bolivia y se desplaza por vía aérea: “La droga tiene su génesis en Bolivia. Ingresa por cielo salteño; el 95% por vía aérea”, afirmó, y describió el circuito: parte de la carga se dirige luego a puertos como los de Santa Fe y Buenos Aires, pero el volumen que permanece para el mercado interno es “muy grande”, según su diagnóstico.
“Antes en Rosario de la Frontera el problema principal era la marihuana; hoy, en las esquinas, es la cocaína”, puntualizó.
Para Orozco, el problema operativo es que las fuerzas provinciales no disponen de herramientas para detener aeronaves en vuelo. “Los radares existen y funcionan, pero no hay un protocolo de intervención ni los elementos para obligar a un vuelo sospechoso a identificarse y aterrizar. Falta una ley que autorice el derribo como última medida”, explicó. El diputado ejemplificó la incapacidad práctica de interceptar vuelos con una metáfora: “La policía y las fuerzas especiales son como un león frente a una presa que vuela a 100 metros; con motos y camionetas no podés alcanzar una avioneta”.
Durante su exposición, defendió la necesidad de que el Congreso nacional trabaje el proyecto en coordinación con los ministerios correspondientes. Aclaró que la propuesta no pretende establecer políticas operativas desde la provincia: “No somos nosotros quienes vamos a definir cómo se aplica el protocolo; eso le corresponde a la Nación, a la ministra de Seguridad y al ministro de Defensa, de acuerdo con los recursos disponibles”.
Sobre la relación entre tráfico mayor y microtráfico, el diputado planteó una distinción operacional: “No se trata de desviar la atención hacia el que vende en la esquina; hay que cortar el circuito por el que llega la droga”. Advirtió además sobre la procedencia de las aeronaves: muchas operan con patentes bolivianas y despegan desde fincas en regiones como Santa Cruz, Yacuiva o Tarija, lo que, según su visión, obliga a reforzar el control del espacio aéreo y la cooperación internacional.
Villamayor, coautora de la iniciativa, coincidió en que el pedido no busca la militarización del espacio aéreo sino dotar al Estado de las herramientas legales necesarias para actuar frente a vuelos ilegales vinculados al narcotráfico. El proyecto aprobado en la Cámara baja funciona como un pedido formal al Congreso para que debata y evalúe la conveniencia y el alcance de una ley de derribo y los protocolos de intervención.
El debate en la Legislatura salteña reflota la tensión entre la necesidad de herramientas excepcionales para la intercepción de aeronaves y las garantías legales y operativas que exige su implementación. En el terreno, la circulación de cocaína por vías aéreas mantiene su incidencia en la seguridad urbana del norte provincial, donde el microtráfico continúa presente en las esquinas mientras las rutas de ingreso permanecen activas.
