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El avance del consumo de drogas y la presencia de puntos de venta clandestinos generan creciente preocupación en San José de Metán. Vecinos advierten sobre la participación de menores cada vez más jóvenes y cuestionan la escasa permanencia de detenidos vinculados a la comercialización de estupefacientes.
La problemática del consumo y comercialización de drogas volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública de San José de Metán, en medio de crecientes reclamos de vecinos que advierten sobre un escenario cada vez más complejo en distintos sectores de la ciudad.
En las últimas semanas, las quejas se repiten en barrios y zonas céntricas: reuniones nocturnas en esquinas, daños al alumbrado público y episodios vinculados al consumo problemático, situaciones que, según testimonios de residentes, afectan de manera directa la seguridad cotidiana.
Pero lo que genera mayor alarma es otro dato que surge de los propios relatos vecinales: la edad cada vez más temprana de quienes aparecen involucrados en el consumo de estupefacientes.
“Ya no estamos hablando solamente de jóvenes. Estamos viendo chicos de diez u once años consumiendo pasta base”, advirtió un vecino en comunicación con Spacio TV, al expresar su preocupación por la situación.
El foco puesto en la venta de drogas
En ese mismo planteo, el vecino sostuvo que el debate público suele centrarse en los jóvenes que delinquen para sostener el consumo, mientras que el problema de fondo —la existencia de puntos de venta de droga— permanece sin resolver.
“Sabemos que muchos de estos chicos roban para comprar droga y después se los termina señalando a ellos, incluso con episodios de justicia por mano propia. Pero la pregunta es qué pasa con las bocas de expendio”, planteó.
La inquietud no es nueva en la ciudad. Diversos procedimientos policiales realizados por áreas especializadas, como Drogas Peligrosas y la Brigada de Investigaciones, han derivado en allanamientos y detenciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes.
Sin embargo, según sostienen vecinos consultados, muchos de esos casos terminan diluyéndose en el sistema judicial.
Detenciones que duran pocas horas
Uno de los cuestionamientos recurrentes apunta a la escasa duración de algunas detenciones. Según denuncian residentes, en varios casos las personas arrestadas por presunta venta de droga recuperan la libertad pocas horas después de los procedimientos.
La aplicación de prisión domiciliaria en ciertos casos también genera cuestionamientos. Vecinos señalan que, cuando esa medida se dispone en el mismo domicilio donde se investigaba la comercialización de estupefacientes, el control efectivo se vuelve difícil de garantizar.
En ese punto aparece otro problema estructural: la falta de recursos humanos en las fuerzas de seguridad para sostener controles permanentes.
Fuentes vinculadas al ámbito policial señalan que el personal debe atender simultáneamente múltiples funciones: patrullaje preventivo, atención de denuncias, custodia en casos de violencia de género y vigilancia de detenidos, entre otras tareas.
Un sistema tensionado
La situación también expone tensiones entre distintas áreas del sistema de seguridad y justicia. Desde hace tiempo, autoridades policiales han advertido sobre la sobrecarga operativa que implica mantener detenidos en dependencias policiales cuando el sistema penitenciario no dispone de espacios suficientes.
La denominada emergencia carcelaria, invocada en distintos momentos por autoridades del área, aparece como uno de los factores que condiciona el traslado de detenidos a unidades penitenciarias.
En ese contexto, meses atrás el exdirector del Distrito de Prevención N°3, Crio. Gral. Lic. Arnaldo Vélez, planteó alternativas para ampliar la capacidad de alojamiento de personas detenidas en la ciudad, incluso mediante la refuncionalización de edificios policiales. Sin embargo, esas propuestas no prosperaron.
Un problema que atraviesa a toda la comunidad
Mientras tanto, el fenómeno del consumo problemático y la venta de drogas continúa siendo motivo de preocupación en la comunidad metanense.
Vecinos consultados coinciden en que el problema requiere acciones coordinadas entre fuerzas de seguridad, justicia y organismos del Estado, pero también políticas preventivas que atiendan la situación social de niños y adolescentes expuestos a estas problemáticas.
En ese escenario, la inquietud principal se resume en una pregunta que cada vez se escucha con mayor frecuencia en la ciudad: cómo enfrentar un fenómeno que ya no sólo afecta a jóvenes, sino que empieza a involucrar a chicos cada vez más pequeños.
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