Rodrigo García habló de todo: elecciones, empleo, tarifas y obras

Rodrigo García presentó un proyecto para impulsar el empleo de personas con discapacidad y adelantó que Salta votaría el 16 de mayo de 2027. Además, habló de tarifas, peajes y obras para Metán.

Un sistema de beneficios fiscales para las empresas que contraten personas con discapacidad, la posible fecha de las elecciones provinciales, el futuro político de Gustavo Sáenz, la reorganización del Partido Justicialista, los aumentos de la luz, las obras hídricas para Metán, la nueva concesión de la ruta 9/34, el tomógrafo para el hospital y la situación del personal de Maestranza. En una extensa entrevista con Spacio Noticias, el diputado provincial Rodrigo García repasó los asuntos que hoy concentran buena parte de la agenda política local y provincial.

El legislador puso especial énfasis en un proyecto que busca ampliar las oportunidades laborales para las personas con discapacidad dentro del sector privado. La propuesta contempla reducciones de hasta el 50 por ciento en el impuesto a los Ingresos Brutos, exenciones en Sellos, créditos para adaptar los lugares de trabajo y un reconocimiento especial para las empresas que incorporen personal bajo este régimen.

Explicó que el texto ya fue entregado a los integrantes de la Cámara de Diputados y que, después del feriado del lunes, debería ser girado a las comisiones correspondientes. El tratamiento en el recinto dependerá de los dictámenes y de los acuerdos que pueda reunir.

“Presentar un proyecto no es simplemente mandar un expediente para que ingrese por mesa de entrada. Tiene que pasar por los bloques, por las comisiones y por la mirada de los 60 diputados. Hay que trabajarlo hasta conseguir la conformidad necesaria para que pueda aprobarse”, señaló.

Según indicó, se tomó el trabajo de acercar personalmente la iniciativa a cada legislador para que pudiera ser analizada antes de su ingreso formal al circuito parlamentario. La respuesta inicial, aseguró, fue favorable.

“Muchos me preguntaban si realmente no había nada sobre este tema. Y cuando comenzamos a buscar, descubrimos que en Diputados no existían antecedentes”, relató.

Incentivos para contratar y adaptar los espacios laborales

El proyecto de García se concentra en el empleo privado porque el sector público ya cuenta con distintas normas de cupo laboral. Esas disposiciones alcanzan, con diferentes niveles de aplicación, al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, organismos estatales y municipios.

Para el diputado, la dificultad aparece cuando una empresa o un comercio analiza la incorporación de una persona con discapacidad y debe afrontar gastos adicionales, modificar sus instalaciones o adaptar su organización laboral.

La iniciativa establece una reducción progresiva en el impuesto a los Ingresos Brutos. El porcentaje dependerá de la cantidad de personas contratadas y podría llegar al 50 % cuando la empresa incorpore a más de cinco trabajadores con discapacidad. También prevé beneficios en el impuesto a los Sellos.

García aclaró que la propuesta no se limita a la contratación de personas con síndrome de Down. El régimen comprendería distintas discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales o adquiridas, entre ellas las de quienes perdieron algún miembro o tienen dificultades de movilidad.

En el caso de una persona que utiliza silla de ruedas, por ejemplo, el empleador podría necesitar ampliar pasillos, construir rampas, modificar accesos o adaptar sanitarios. Para esos casos se analiza la creación de líneas de crédito blandas que permitan financiar las obras.

“Si una empresa tiene que modificar su negocio para incorporar a una persona con discapacidad, el Estado debe estar presente. No se le puede pedir solamente que contrate; también hay que ayudarla a cumplir con las condiciones que establece la ley”, planteó.

El diputado reconoció que pueden existir diferencias en el régimen de asistencia o en las necesidades de cada trabajador. Por ese motivo, sostuvo que los incentivos deben evitar que la contratación sea interpretada por el sector privado como una carga adicional.

A la ventaja impositiva se sumaría un sello o certificación para distinguir a las empresas participantes. Esa identificación permitiría que el público conozca qué comercios asumieron el compromiso de incorporar trabajadores con discapacidad.

“La empresa recibe un beneficio económico, pero también obtiene un reconocimiento social. Puede mostrar que abrió una oportunidad laboral y que está dispuesta a integrar”, explicó.

El antecedente de Tucumán

García mencionó como referencia la experiencia de un comerciante tucumano que comenzó incorporando a una persona con síndrome de Down y luego amplió la cantidad de trabajadores con discapacidad en sus locales y en el área de logística.

El caso tomó notoriedad a través de las redes sociales, tanto por el desempeño de los empleados como por la relación que construyeron con sus compañeros y con los clientes. Para el legislador, ese antecedente demostró que la inserción no sólo depende de una obligación legal.

“Lo que más me llamó la atención fue el vínculo que se generó entre las personas que ingresaron a trabajar y el resto del personal. Hay un beneficio económico que puede medirse, pero también existe una experiencia humana que no tiene precio”, afirmó.

Antes de redactar el proyecto, García revisó los antecedentes legislativos. Dijo que no encontró propuestas similares en la Cámara de Diputados y que en el Senado existía una iniciativa de 2020 que no llegó a ser tratada.

También analizó la legislación nacional y la adhesión vigente en Salta. A su criterio, los beneficios actuales son reducidos y no alcanzan para provocar un cambio importante en el sector privado.

La estimación inicial indica que el nuevo régimen podría significar para la Provincia una disminución de alrededor de $100 millones anuales en la recaudación. García aseguró que el asunto fue conversado con funcionarios del área económica y de la Jefatura de Gabinete.

Aunque admitió que se trata de recursos que el Estado dejaría de percibir, consideró que el impacto sería menor frente al volumen total del presupuesto provincial y que tendría una contrapartida social y laboral.

Según las cifras mencionadas por el legislador, en Salta habría alrededor de 40.000 personas con discapacidad. Reconoció que no todas podrán incorporarse al mercado de trabajo, pero sostuvo que una parte importante podría hacerlo si existieran condiciones y oportunidades.

Relacionó la iniciativa con otras decisiones adoptadas en materia de discapacidad, entre ellas las gestiones realizadas por el programa Incluir Salud. A su entender, el proyecto laboral podría completar una política provincial que hasta ahora estuvo concentrada principalmente en la atención sanitaria y en la asistencia estatal.

El presupuesto y la responsabilidad de los legisladores

Al explicar la elaboración de la propuesta, García cuestionó una práctica frecuente dentro de los cuerpos legislativos: la presentación de proyectos que crean gastos sin determinar de dónde saldrán los recursos.

Para el diputado, cualquier iniciativa que demande fondos debe indicar la partida presupuestaria correspondiente. Definió al presupuesto como la norma principal de una administración y sostuvo que los legisladores tienen la obligación de conocerlo antes de promover nuevas erogaciones.

“No alcanza con pedir que se construya algo o que se forme una comisión. Hay que revisar el presupuesto y decir de qué partida van a salir los recursos. Ese es el trabajo legislativo: sentarse, estudiar las leyes y asumir la responsabilidad”, remarcó.

Afirmó que ese análisis requiere revisar expedientes, normas y documentación presupuestaria, una tarea que muchas veces queda fuera de la discusión pública pero resulta indispensable para que los proyectos puedan ejecutarse.

Como ejemplo mencionó las obras previstas en los canales de las calles Juana Azurduy y Santa Rosa, en Metán. Según anunció, la licitación se realizará el 21 de agosto y la inversión rondará los $1.000 millones.

Explicó que los trabajos pudieron ser incorporados a partir de la emergencia hídrica aprobada por la Legislatura. Esa declaración habilitó modificaciones y reasignaciones de partidas para atender problemas que no habían sido previstos al momento de elaborarse el presupuesto.

“Las emergencias, como ocurrió con el agua en Metán, no estaban contempladas. Pero una vez que aparecen, hay que buscar el instrumento legal y presupuestario que permita dar una respuesta”, sostuvo.

García aseguró que las elecciones provinciales serían el 16 de mayo

En materia electoral, el diputado afirmó que la intención del Gobierno es separar los comicios salteños de la elección nacional. Según la información que maneja, los salteños votarían autoridades provinciales y municipales el 16 de mayo de 2027, mientras que las elecciones nacionales quedarían para octubre.

La fecha todavía no fue oficializada por el Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de convocar a elecciones. García estimó que el anuncio podría realizarse después de las celebraciones del Milagro, cuando vuelva a tomar ritmo la actividad política.

“Tengo plena seguridad de que las elecciones van a ser desdobladas. El 16 de mayo del próximo año tendríamos elecciones provinciales y en octubre serían las nacionales”, aseguró.

El legislador aclaró que el calendario podría cambiar ante una situación económica extraordinaria que obligara a unificar las convocatorias. Fuera de ese escenario, indicó que el Gobierno mantiene la decisión de votar en fechas distintas.

También sostuvo que continuará utilizándose el sistema de voto electrónico. Sin embargo, reconoció que la reglamentación del nuevo régimen de participación política todavía es objeto de observaciones y planteos judiciales.

El Partido Obrero y otras fuerzas cuestionaron las exigencias territoriales para presentar candidaturas, particularmente la obligación de contar con representación en una determinada cantidad de distritos. García señaló que esos reclamos se encuentran bajo análisis de las autoridades electorales y de la Justicia provincial.

A su entender, algunos puntos podrían revisarse para garantizar que una fuerza sin estructura en 15 municipios pueda, de todas maneras, presentar una candidatura provincial y participar del proceso electoral.

La eventual reelección de Gustavo Sáenz

Consultado sobre la posibilidad de que Gustavo Sáenz busque otro mandato, García dijo que los análisis preliminares realizados por especialistas en derecho constitucional lo considerarían habilitado. El argumento es que las modificaciones incorporadas a la Constitución provincial no tendrían efecto retroactivo.

El diputado aclaró que la interpretación definitiva podría quedar en manos de la Corte de Justicia si existieran planteos judiciales. También remarcó que el gobernador todavía debe decidir si pretende competir nuevamente.

“Primero tiene que estar la decisión de Gustavo Sáenz. Eso, seguramente, se conocerá entre diciembre y enero. Todavía falta tiempo y hay mucha expectativa dentro y fuera del oficialismo”, indicó.

La indefinición, admitió, también influye en la conformación de las listas. Mientras algunos dirigentes esperan la decisión del gobernador, otros analizan la posibilidad de competir por cargos provinciales.

García recordó que Ignacio Jarsún fue uno de los primeros funcionarios que se pronunció públicamente a favor de una nueva candidatura de Sáenz. Ese respaldo, interpretó, alejó por el momento a Jarsún de la lista de posibles postulantes a la Gobernación.

El legislador consideró que el sistema político salteño no logró producir una renovación clara. En la discusión pública siguen apareciendo apellidos conocidos como Orozco, Olmedo, Sáenz y Urtubey, sin que hasta ahora haya surgido una figura nueva con capacidad para modificar el panorama.

“No han aparecido dirigentes emergentes que puedan entusiasmar y generar una renovación. Eso también termina afectando la calidad de la democracia”, opinó.

García sostuvo que el oficialismo mantiene un proyecto político consolidado alrededor de la figura del gobernador. No descartó que, si Sáenz finalmente no fuera candidato, esa misma estructura impulse a otro dirigente surgido de su espacio.

La normalización del Partido Justicialista

Otro capítulo de la entrevista estuvo dedicado al Partido Justicialista de Salta, que inició una nueva etapa después de la intervención y del proceso de normalización ordenado por la Justicia Nacional.

García valoró la designación de Julio Argentino San Millán como principal autoridad partidaria. Lo describió como un dirigente con experiencia, capacidad de diálogo y relación con distintos sectores del peronismo provincial.

“San Millán puede conversar con un concejal del municipio más pequeño y también con un diputado nacional. Tiene la cintura política necesaria para intentar ordenar el partido”, afirmó.

También se refirió a la presencia de Marcelo Moisés, intendente de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes. Consideró que su incorporación representa un respaldo importante para los jefes comunales, aunque reconoció que otros legisladores también pretendían ocupar lugares en la conducción.

El diputado sostuvo que las diferencias internas son propias de un partido que vuelve a organizarse después de una intervención. A su criterio, el paso siguiente debería ser la convocatoria al congreso partidario.

“Lo importante es que el partido vuelva a democratizarse, que sus dirigentes puedan verse las caras, discutir y construir una propuesta nueva”, manifestó.

La incorporación del PJ al frente electoral provincial, señaló, obligará a revisar alianzas, candidaturas y espacios de representación. García evitó anticipar cómo se distribuirán esos lugares porque, según dijo, todavía existe una negociación interna abierta.

Facturas eléctricas: pedidos para frenar los aumentos

La situación de las tarifas eléctricas ocupó otra parte importante de la entrevista. García dijo que diariamente recibe reclamos de vecinos y comerciantes por facturas que consideran excesivas o difíciles de entender.

Mencionó casos de usuarios comerciales con boletas de $1 millón y hasta $1,3 millones. También cuestionó el sistema de facturación digital porque, en muchos casos, el usuario recibe la documentación por teléfono o correo electrónico sin una explicación clara de los conceptos cobrados.

A ese problema agregó otro: la sensación de que los reclamos no modifican las liquidaciones ni reciben una respuesta satisfactoria.

El legislador explicó que el sistema eléctrico tiene tres etapas: generación, transporte y distribución. Las dos primeras dependen del esquema nacional. La Provincia interviene principalmente en la distribución, que en Salta está concesionada a Edesa y fiscalizada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Edesa debe informar sus planes de inversión y responder por la calidad del servicio. El Ente Regulador, a su vez, tiene la obligación de controlar a la empresa y brindar explicaciones a legisladores, intendentes y usuarios.

Para García, el principal problema está en determinar si esos controles son suficientes y si las inversiones comprometidas se cumplen.

“Cada vez que se le cobra un peso a la gente para una obra o una mejora, el usuario tiene derecho a saber dónde fue ese dinero. Edesa tiene que informarlo y el Ente Regulador debe explicarlo”, sostuvo.

El diputado afirmó que los aumentos aplicados durante 2026 fueron autorizados el año anterior. Según detalló, ya se habría ejecutado alrededor del 80 por ciento del incremento previsto, mientras todavía quedaría un 20 por ciento pendiente.

Frente a ese panorama, legisladores de distintos sectores mantuvieron reuniones con autoridades del Ente Regulador y reclamaron que se detenga la aplicación de nuevos aumentos.

“La gente ya no puede más. Pagar lo que está llegando hoy es muy difícil. Imagínese lo que puede pasar si dentro de un mes aparece otro incremento”, advirtió.

Las diferencias con otras provincias

García también se refirió a las comparaciones entre Salta y Tucumán. Explicó que la extensión territorial salteña y la distancia entre sus localidades encarecen la distribución de energía.

Llevar el servicio a zonas como Los Toldos, Rivadavia, Molinos, Seclantás, Luracatao o Cafayate exige líneas y obras que no son necesarias en una provincia con un territorio más reducido. Parte de esos costos, señaló, se distribuye mediante mecanismos solidarios entre los usuarios.

No obstante, consideró que esa explicación geográfica no libera a la concesionaria de mantener la infraestructura. Mencionó postes deteriorados, instalaciones que fallan durante las tormentas y sectores que quedan sin servicio ante fenómenos meteorológicos.

El diputado reclamó que los informes técnicos sean presentados de manera comprensible. Señaló que un legislador difícilmente pueda controlar una obra eléctrica si recibe solamente planillas con cálculos especializados y no cuenta con asesoramiento profesional.

Por esa razón, propuso incorporar peritos o ingenieros eléctricos independientes que puedan revisar los planes de inversión, comparar precios y determinar si los montos informados se corresponden con los valores del mercado.

“Hay que volver a explicar las cosas con claridad: cuántos postes se colocaron, cuánto cable se utilizó, cuál era el precio de mercado y cuánto facturó la empresa. Si el cable costaba una cifra y Edesa informó el doble, tiene que explicar por qué”, planteó.

García consideró que las sanciones no deberían limitarse a multas. Propuso que los incumplimientos reiterados, los errores graves de facturación y la falta de inversiones puedan reducir los años de concesión.

“Si una empresa tiene una concesión por 20 años, no puede cometer errores durante todo ese tiempo y pagar solamente multas. Si incumple, también debería perder años de contrato”, afirmó.

Peajes y dudas sobre la nueva concesión de la ruta 9/34

El legislador expresó una fuerte preocupación por la empresa que obtuvo la concesión del corredor vial que comprende la ruta nacional 9/34.

Durante la entrevista cuestionó los antecedentes de la adjudicataria, la vinculó con la causa Cuadernos y sostuvo que se habría presentado a través de una Unión Transitoria de Empresas porque no estaba en condiciones de competir por sí sola. García no exhibió documentación sobre esas afirmaciones durante el reportaje, por lo que quedaron planteadas como un señalamiento político del diputado.

También criticó que la nueva concesionaria pueda comenzar a cobrar una tarifa de $4.600 antes de ejecutar las obras de fondo.

Según explicó, durante el primer año la obligación estaría limitada a tareas de bacheo. Para García, ese esquema contradice las expectativas generadas en torno al nuevo sistema, que suponía la realización de mejoras antes del cobro pleno del peaje.

“Se decía que primero vendrían las obras. Ahora vamos a tener un peaje más y, durante un año, prácticamente sólo habría bacheo”, cuestionó.

El diputado anticipó la posible instalación de una estación de peaje entre Metán y Rosario de la Frontera, además de la restitución del cobro sobre la ruta 9 en el acceso a la ciudad de Salta.

Dentro del corredor entre Tucumán y Salta, la principal intervención mencionada sería un distribuidor elevado en el empalme con la ruta nacional 16, con un diseño vial conocido como “trompeta”.

García afirmó que el tramo comprendido entre Metán y Rosario de la Frontera habría quedado fuera del nuevo paquete de inversiones porque estaba contemplado en un proyecto anterior. A su criterio, esa exclusión vuelve a postergar una obra reclamada durante años por los habitantes del sur provincial.

El nuevo tomógrafo para el hospital de Metán

En materia sanitaria, ratificó que el hospital de Metán recibirá un tomógrafo nuevo. La decisión forma parte de una compra provincial que contempla ocho equipos para distintos centros asistenciales.

En un primer momento, Metán no había sido incluida. El criterio utilizado por las autoridades era que la ciudad ya contaba con dos clínicas privadas que realizaban tomografías y que resultaba más económico firmar convenios para derivar allí a los pacientes.

Rosario de la Frontera, en cambio, no disponía de ese servicio y había sido priorizada inicialmente.

García explicó que planteó una objeción vinculada con la atención de los accidentes cerebrovasculares. En esos cuadros, el tiempo es determinante y el traslado de un paciente fuera del hospital puede demorar el diagnóstico y el comienzo del tratamiento.

“Cuando se habla de un ACV no se puede trasladar a una persona como si se tratara de cualquier estudio programado. Se necesita una respuesta inmediata”, señaló.

El legislador indicó que el ministro de Salud conocía la situación y finalmente resolvió asignar un equipo nuevo para Metán.

El hospital cuenta desde hace años con un espacio acondicionado para este tipo de aparatología. Allí se encuentra un tomógrafo que nunca pudo prestar el servicio previsto, quedó tecnológicamente desactualizado y sufrió el robo del cable que comunicaba el aparato con la central operativa.

La existencia del recinto acondicionado reduciría las obras necesarias para instalar el nuevo equipo. Una vez concretada la entrega y realizadas las conexiones técnicas, el hospital quedaría en condiciones de ponerlo en funcionamiento.

Maestranza: incorporación gradual desde enero

Al cierre de la entrevista, García habló sobre la situación del personal de Maestranza del interior provincial. El reclamo se profundizó después de que se anunciara la incorporación de trabajadores de Salta capital sin que existiera una medida similar para los municipios.

El diputado dijo que el tema fue llevado a una reunión con el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, de la que participaron legisladores del interior.

Según la explicación recibida, los trabajadores de Capital mantenían una relación directa con el Ministerio de Educación porque la Municipalidad de Salta no había firmado el mismo convenio que regía en los municipios. En el interior, en cambio, el personal se encontraba vinculado mediante acuerdos con las administraciones comunales.

Esa diferencia administrativa habría llevado al Gobierno a incorporar primero a los agentes que dependían directamente del ministerio.

García admitió que el tratamiento desigual provocó malestar y que las autoridades provinciales deben dar una explicación clara a los trabajadores del interior.

“Todos merecen saber qué va a pasar. No puede quedar la sensación de que existen ciudadanos de primera y de segunda según estén en Capital o en un municipio”, expresó.

De acuerdo con lo informado por el legislador, las incorporaciones correspondientes al interior comenzarían en enero de 2027. La primera etapa alcanzaría al 50 por ciento de los trabajadores y se utilizaría la antigüedad como uno de los criterios principales para establecer el orden de ingreso.

García reconoció que el procedimiento será gradual y que no resolverá de inmediato la situación de todos los agentes. Sin embargo, aseguró que el compromiso transmitido por la Jefatura de Gabinete es avanzar con el personal de los municipios una vez completada la primera instancia en Salta capital.