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El asesor legal del municipio, Dr. Nicolás Ruiz, confirmó que se iniciaron investigaciones penal y administrativa por presuntas irregularidades detectadas en el Tribunal de Faltas de Metán.
El Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San José de Metán atraviesa una situación institucional y judicial delicada, tras una denuncia presentada por las propias autoridades del organismo ante la Fiscalía N° 2, que ya inició una investigación penal.
El planteo formal fue realizado por el juez de Faltas, Dr. Patricio Leavy, y la secretaria del Tribunal, Dra. Mariana Gallardo, quienes pusieron en conocimiento de la Justicia hechos presuntamente irregulares vinculados con el desempeño de un empleado municipal. La presentación fue acompañada por documentación respaldatoria y derivó en la apertura de una causa penal que, según se informó, ya cuenta con medidas iniciales de investigación.
El asesor legal del municipio, Dr. Nicolás Ruiz, confirmó que además de la actuación judicial se dispuso la apertura de un sumario administrativo interno, conforme al Estatuto del Trabajador Municipal, con el propósito de analizar la conducta del empleado denunciado y determinar eventuales responsabilidades. “Hemos tomado conocimiento no solo por la repercusión pública del hecho, sino a partir de un informe formal elevado por el Dr. Leavy y la Dra. Gallardo. En virtud de ello, el municipio se constituyó como querellante en la causa penal y, en paralelo, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes”, explicó Ruiz.
Investigan presuntas irregularidades en el Tribunal de Faltas de Metán
El letrado precisó que el procedimiento interno se encuentra en una etapa inicial y que todas las decisiones serán adoptadas respetando las garantías procesales y el derecho de defensa previstos en la normativa vigente. “El estatuto establece con claridad los pasos a seguir cuando se presume la comisión de una falta administrativa o de un delito cometido por un agente municipal. En algunos casos, el trámite disciplinario puede resolverse sin necesidad de esperar una sentencia penal; en otros, debe aguardarse el resultado judicial para definir la sanción”, sostuvo.
En cuanto a la situación laboral actual del empleado involucrado, Ruiz indicó que su continuidad en funciones está siendo evaluada. “Es una decisión que se tomará de acuerdo con los dictámenes legales y las facultades conferidas a las autoridades municipales. Si corresponde la suspensión preventiva o el apartamiento del cargo, será resuelto mediante acto administrativo firmado por el Intendente y el Jefe de Gabinete”, aclaró.
El asesor legal también destacó que la investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía N° 2, y que desde el municipio se mantiene una colaboración plena con el Ministerio Público. “Nosotros actuaremos como parte querellante. Si la persona es imputada, contará con su defensa, y pondremos a disposición toda la documentación y testimonios requeridos. Nuestra intervención se limita a garantizar el correcto funcionamiento institucional y la transparencia del proceso”, concluyó Ruiz.
Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía N° 2 continuará con las actuaciones en curso, y que en los próximos días podrían producirse nuevas diligencias y resoluciones procesales en el marco de la investigación.
