Viviendas sin ocupar: el IPV inicia operativos y revisa casos en varios barrios

La presidenta del organismo, Laura Caballero, confirmó que se revisarán adjudicaciones y se retomarán controles pendientes.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) anunció que avanzará con un operativo sostenido para detectar y recuperar unidades habitacionales que se encuentren desocupadas o en uso irregular. La medida fue confirmada por la presidenta del organismo, la arquitecta Laura Caballero, quien visitó Metán para la entrega de nuevas viviendas y detalló el trabajo que se viene realizando en distintos municipios.

La funcionaria explicó que el IPV retomó en los últimos meses un esquema de inspecciones presenciales, con el objetivo de verificar si los adjudicatarios ocupan efectivamente las casas asignadas. De acuerdo con la normativa interna, el titular debe habitar la vivienda durante los primeros cinco años posteriores a la firma del acta de entrega. En ese período, no puede alquilarla ni cederla a terceros.

Según precisó Caballero, el Instituto ya realizó notificaciones, revocaciones y nuevos controles en casos donde no se pudo acreditar habitabilidad. Las actuaciones, aseguró, continúan bajo los plazos administrativos correspondientes y con derecho a defensa para los adjudicatarios involucrados.

Durante su visita a Metán, la presidenta del IPV encabezó la entrega de unidades a seis familias. Señaló que, pese al contexto económico, la Provincia mantiene el compromiso de sostener la construcción de viviendas sociales, mientras que la política nacional vigente establece que la ejecución debe recaer sobre el sector privado, un esquema que —según dijo— aún no logró consolidarse.

Caballero indicó además que el organismo está realizando recorridos en varias ciudades para evaluar necesidades habitacionales y el estado de las viviendas previamente entregadas. En algunos barrios, se retomaron inspecciones incluso después de verificaciones anteriores, como parte de un control permanente. “No es para generar malestar en los vecinos —explicó—, sino para cumplir con nuestra obligación y garantizar que las unidades estén realmente ocupadas por quienes las necesitan”.

En paralelo, el IPV trabaja junto con el Ministerio de Infraestructura y el área de Tierras y Bienes del Estado para proyectar alternativas frente al aumento del costo del suelo urbano y la dificultad de conseguir terrenos aptos para construir. Entre las líneas de acción, se analiza el desarrollo de lotes con servicios en articulación con municipios, como una forma de facilitar el acceso al terreno propio y ordenar el crecimiento urbano.

Respecto de las proyecciones para 2026, afirmó que el organismo evalúa ampliar la construcción de viviendas en altura en zonas donde la disponibilidad de tierra es reducida. Señaló que esta modalidad ya se aplica en ciudades como Rosario de la Frontera y Salta Capital, donde se ejecutan edificios de departamentos para optimizar los recursos y adaptarse a los costos de urbanización, cada vez más elevados.

La titular del IPV remarcó que el objetivo central es avanzar con políticas que permitan adjudicar más viviendas a familias que esperan desde hace años. “El desafío es sostener la construcción, controlar el uso adecuado de cada unidad y generar alternativas viables en un contexto complejo”, sostuvo al finalizar la entrevista.