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Las jornadas se realizarán el 27 y 28 de agosto y estarán abiertas a profesionales, estudiantes y público en general. El nuevo enfoque busca que quien cometió un delito reconozca el daño causado, asuma su responsabilidad y participe en su reparación.
La aplicación de la justicia restaurativa comenzará a ocupar un lugar más amplio dentro del sistema judicial salteño. Como parte de ese proceso, los días 27 y 28 de agosto se desarrollarán en la capital provincial las jornadas “Hacia la construcción de una cultura restaurativa. Justicia y práctica restaurativa en distintos ámbitos”.
La capacitación, organizada por el Ministerio Público de la Defensa junto con la Escuela del Ministerio Público, estará dirigida a abogados, magistrados, funcionarios judiciales, mediadores, docentes, estudiantes y público en general. Podrá cursarse de manera presencial o virtual.
El defensor oficial penal del Distrito Judicial del Sur, Jorge Colque Cortez, explicó que este modelo propone una forma diferente de intervenir frente al delito. A diferencia del sistema retributivo tradicional, centrado principalmente en determinar responsabilidades y aplicar una sanción, la justicia restaurativa incorpora a la víctima, al autor del hecho y a la comunidad en la búsqueda de una respuesta al conflicto.
“No se trata de hacer una justicia más benévola, sino de lograr que la persona tome conciencia y se responsabilice por el daño causado”, señaló el funcionario judicial.
Reparar el daño y asumir la responsabilidad
La práctica restaurativa parte de una pregunta distinta. En lugar de limitarse a establecer qué norma fue quebrantada y qué pena corresponde, procura determinar quién resultó afectado, cuál fue el perjuicio y de qué manera puede repararse.
Ese resarcimiento no necesariamente debe ser económico. Según las características del caso, puede incluir tareas comunitarias, compromisos de conducta, instancias de diálogo, tratamientos o acciones destinadas a compensar las consecuencias materiales, personales y sociales del delito.
Colque Cortez mencionó como ejemplo los delitos contra la propiedad. Un robo o un hurto no solo provoca una pérdida material: también puede generar temor, angustia y una sensación de inseguridad que alcanza a la víctima y a su entorno. El proceso restaurativo pretende que el autor comprenda esas consecuencias y participe activamente en su reparación.
La comunidad también ocupa un lugar dentro de este esquema. Su intervención apunta a recomponer los vínculos alterados por el hecho y favorecer la reinserción social de la persona responsable. El objetivo, explicó el defensor, es reducir las posibilidades de reincidencia sin dejar de atender los derechos y las necesidades de la víctima.
De acuerdo con el funcionario, experiencias piloto realizadas en jurisdicciones como Lomas de Zamora registraron resultados favorables en materia de reincidencia. Uno de los especialistas convocados para las jornadas trabajó precisamente en la aplicación de este modelo dentro de ese distrito bonaerense.
Un cambio que alcanza al régimen penal juvenil
La capacitación adquiere especial importancia ante la incorporación de herramientas restaurativas al nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801. La norma nacional contempla la mediación penal juvenil, la reparación integral del daño y otras medidas orientadas a la educación, resocialización e integración de adolescentes en conflicto con la ley penal.
La Ley 27.801 establece que la mediación deberá ser voluntaria, confidencial e imparcial. También exige el consentimiento de la víctima y dispone que todas las partes tengan intervención. No se trata, por lo tanto, de reemplazar automáticamente un proceso penal ni de imponer un encuentro entre víctima e imputado.
En Salta, estas prácticas se vinculan además con las disposiciones del Código Procesal Penal y con el Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes. Su implementación demanda personal especializado y equipos capaces de evaluar cada caso antes de avanzar con una instancia restaurativa.
Especialistas nacionales participarán de las jornadas
Entre los disertantes estarán Silvana Greco, coordinadora del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación y directora del posgrado en Negociación y Resolución Alternativa de Conflictos de la Universidad de Buenos Aires.
También participarán María de los Ángeles Pesado Riccardi, defensora general de Lomas de Zamora; Miguel Assis, profesional del fuero nacional de menores y coordinador de posgrado en la UBA; y Germán Bauché, doctor en Derecho y presidente de la Fundación Latinoamericana Objetivo 16. A ellos se sumarán profesionales salteños relacionados con la actividad restaurativa.
Las exposiciones abordarán la resolución de conflictos, la mediación, la participación comunitaria y las formas de reparación que pueden incorporarse en distintos ámbitos. La intención es brindar herramientas aplicables no solo dentro de los tribunales, sino también en instituciones educativas y espacios comunitarios.
Las actividades presenciales se cumplirán en la sala Rodolfo J. Urtubey de la Escuela de la Magistratura, en Ciudad Judicial. Quienes residan en el interior podrán participar a distancia. También se entregarán certificados y se gestionó el reconocimiento de las horas de capacitación para mediadores.
El avance de este modelo no elimina la intervención judicial ni la sanción cuando corresponde. Incorpora otra instancia: escuchar a la víctima, exigir que el responsable comprenda las consecuencias de su conducta y buscar una reparación posible. Allí reside la diferencia central de la justicia restaurativa.
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