Reclamo en Metán: las cuotas del IPV pasaron de $80.000 a $160.000

Los adjudicatarios aseguran que los pagos pasaron de 80.000 a 160.000 pesos. Reclaman una revisión del incremento y una audiencia con las autoridades provinciales.

Vecinos del barrio Armada Argentina se manifestaron este miércoles frente a las oficinas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), ubicadas en la terminal de ómnibus de Metán, para reclamar por el aumento aplicado a las cuotas de sus viviendas.

Según explicaron, los pagos mensuales, que inicialmente rondaban los 70.000 pesos y luego habían ascendido a 80.000, llegaron este mes a los 160.000 pesos. El incremento comenzó a regir el 10 de agosto y, de acuerdo con los adjudicatarios, no guarda relación con la evolución de sus ingresos.

La protesta se realizó de manera pacífica y tuvo como principal pedido la apertura de una instancia de diálogo con el organismo provincial. Alan Figueroa, presidente del barrio, señaló que solicitaron una audiencia con la arquitecta Laura Caballero, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta.

También indicó que el intendente José María Issa y los legisladores Rodrigo García y Daniel D’auria presentaron una nota para gestionar una reunión y buscar una salida al conflicto.

“Entendemos que debe existir una actualización, pero tiene que ser razonable. Queremos pagar nuestras viviendas y evitar caer en mora, aunque una suba del 100% resulta muy difícil de afrontar”, sostuvo Figueroa durante la manifestación.

Los vecinos remarcaron que el terreno donde se levantó el complejo habitacional fue aportado por ellos en 2016. A esta situación sumaron reclamos por el estado de algunas unidades, entre ellos levantamiento de pisos cerámicos, humedad y presuntas deficiencias estructurales. Aseguran que las reparaciones debieron ser costeadas por cada familia ante la falta de respuestas del organismo.

De acuerdo con lo informado por el referente barrial, la actualización de las cuotas se calcula a partir del Coeficiente de Variación Salarial y toma como referencia los ingresos de los trabajadores del sector privado. Los adjudicatarios cuestionan ese mecanismo porque en el barrio también viven empleados públicos, jubilados, pensionados y personas desocupadas.

Figueroa advirtió que algunas familias ya habían recibido notificaciones por atrasos antes de la última suba. En varios casos, explicó, se trata de vecinos que perdieron su empleo y deben priorizar el pago de la luz, el gas y otros servicios básicos.

El reclamo también apunta a las diferencias existentes entre distintos planes habitacionales. Según indicaron durante la protesta, mientras algunas familias abonan cuotas cercanas a los 8.000 pesos, los adjudicatarios de Armada Argentina deben afrontar montos considerablemente superiores.

Los manifestantes aclararon que no buscan dejar de pagar, sino acordar una cuota acorde con la capacidad económica de las familias. Si no obtienen una audiencia con las autoridades del IPV, anticiparon que evaluarán intensificar las medidas en los próximos días.