Familiares piden en Metán la libertad de una pareja acusada de estafa

En el edificio del Poder Judicial de Metán, familiares y allegados reclamaron la liberación de una pareja detenida en Rosario de la Frontera, imputada en una causa por presunta estafa. Denuncian demoras en la resolución del pedido de prisión domiciliaria y falta de definiciones por parte de la Justicia.

En la mañana del viernes, frente al Poder Judicial de Metán, familiares y allegados de dos personas detenidas por una causa de presunto fraude se concentraron para reclamar su liberación o, al menos, la inmediata efectivización de una prisión domiciliaria que —según sostienen— ya fue solicitada por la Fiscalía hace varios días.

La pareja, identificada como María Cecilia Ibarrarán y Osvaldo Posadas, permanece detenida desde hace poco más de 20 días en Rosario de la Frontera, en el marco de una investigación que los mantiene imputados por una supuesta maniobra de estafa. La causa se encuentra bajo análisis judicial con intervención de un magistrado subrogante, en un contexto de reemplazos y trámites administrativos que, de acuerdo a fuentes del propio expediente, han generado demoras en distintas resoluciones.

Durante la manifestación, realizada bajo lluvia y bajas temperaturas, los familiares se encadenaron y exhibieron carteles en pedido de “justicia” y “libertad”. Denunciaron además que la situación procesal se encuentra sin avances desde hace días, pese a que —según afirmaron— el Ministerio Público Fiscal habría requerido el 30 de junio la modalidad de arresto domiciliario.

“Ya pasaron los días hábiles que correspondían y no tenemos respuesta”, señaló la madre de una de las personas detenidas, quien cuestionó la falta de resolución judicial sobre el pedido. En la misma línea, sostuvo que no existen pruebas firmes que sostengan la acusación y pidió que la causa avance “con mayor rapidez y claridad”.

Otro de los planteos reiterados durante la protesta fue el estado de detención. Familiares afirmaron que la mujer permanece en condiciones que describieron como precarias y que presenta antecedentes de salud que, según indicaron, no habrían sido suficientemente considerados al momento de evaluar la medida de coerción. También aseguraron que, en el caso del otro imputado, no existen antecedentes penales.

En paralelo, remarcaron que la denuncia que dio origen a la causa fue presentada por Alejandro Cañizares, un particular vinculado laboralmente a la mujer detenida. Sobre ese punto, los familiares insisten en que no habría elementos probatorios concluyentes hasta el momento que acrediten la maniobra investigada.

La defensa del entorno familiar también apuntó contra la falta de resolución del pedido de domiciliaria. Según expresaron, la solicitud habría sido presentada por la Fiscalía y aún no fue ejecutada por el juzgado interviniente, actualmente a cargo de un magistrado subrogante debido a la licencia del juez natural de la causa.

“Nos hacen esperar, nos dicen una cosa y después otra”, resumió una de las hermanas de los detenidos durante la concentración frente al edificio judicial.

En medio del reclamo, los familiares compararon la situación con otros procesos judiciales vinculados a delitos complejos, señalando —en su lectura— diferencias en la aplicación de medidas como la prisión domiciliaria. Se trata de apreciaciones vertidas durante la protesta, sin respaldo en actuaciones oficiales del expediente.

Desde el ámbito judicial, en tanto, trascendió que la causa continúa su curso habitual y que las demoras obedecen a los plazos procesales previstos para el análisis de presentaciones de las partes, que incluyen escritos de la defensa y su correspondiente traslado.