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El intendente de Metán respaldó los reclamos por las tarifas eléctricas, cuestionó la respuesta de Carlos Saravia y exigió que los funcionarios escuchen antes de que el conflicto llegue al límite. También dispuso que el municipio participe como veedor en las auditorías realizadas en los domicilios.
El intendente José María Issa responsabilizó al presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, por la demora en responder a los usuarios de Metán que denunciaron fuertes aumentos en las boletas de luz. Lo acusó de actuar con soberbia y de minimizar un problema que terminó provocando varios días de tensión social.
Las declaraciones llegaron después de las protestas encabezadas por vecinos como Abel Altamirano. Issa explicó que mantuvo contacto con los damnificados y que el municipio planteó la situación ante Edesa y el organismo de control. Aunque pudo dialogar con representantes de la distribuidora, aseguró que nunca logró reunirse con Saravia.
“Desde el principio hicimos los reclamos ante el Ente Regulador y Edesa. Planteamos claramente lo que estaba pasando en Metán”, sostuvo.
Para el jefe comunal, la respuesta tardía también dejó al descubierto la distancia que algunos funcionarios mantienen con la comunidad. “Por su soberbia, no escuchó el pedido y subestimó a los metanenses. Cuando uno es puesto a dedo por un funcionario no debe olvidarse de que, al final, la que pone a todos es la gente. Yo respondo ante los metanenses”, afirmó.
“Esperaron hasta que el agua les llegó al cuello”
Issa consideró que las verificaciones domiciliarias debieron comenzar con las primeras denuncias. El municipio, señaló, sólo pedía que se revisaran las facturas y los consumos cuestionados, sin necesidad de que el conflicto alcanzara la gravedad de los últimos días.
“Lo único que pedíamos era que hicieran lo que están haciendo ahora. Esperaron hasta que el agua les llegó al cuello para venir”, cuestionó.
También aclaró que no respalda los hechos de violencia ni algunas expresiones surgidas durante las protestas, aunque sostuvo que eso no invalida el reclamo de las familias afectadas. “No apoyo la violencia y hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero ahora están haciendo lo que correspondía”, expresó.
El intendente aseguró que, luego de las revisiones, algunos usuarios recibieron facturas con montos más bajos. Además, dispuso que Gustavo Ortiz acompañe las auditorías como veedor municipal, para controlar de manera directa las mediciones y los procedimientos aplicados en cada domicilio.
“Queremos tener la tranquilidad de que lo que se está haciendo está bien”, indicó.
El reclamo no se reduce a 120 usuarios
Otro de los cuestionamientos de Issa estuvo dirigido a la respuesta inicial del Ente Regulador, que había reducido el planteo a unas 120 presentaciones. Para el intendente, esa cifra no refleja el verdadero alcance del malestar porque muchas personas, pese a recibir boletas elevadas, no formalizaron una denuncia.
“Dijeron que eran solamente 120 vecinos, como si por ser 120 fueran menos importantes. Además, hay mucha gente que no reclama y tiene exactamente el mismo problema”, advirtió.
El jefe comunal insistió en que ningún funcionario puede desentenderse de una demanda ciudadana por considerar que proviene de un grupo reducido. “Esto tiene que servir de lección para quienes son designados en un cargo: que no se suban al caballo y que respondan a la gente”, lanzó.
La preocupación central, remarcó, está en la situación económica de los hogares. Según afirmó, hay trabajadores y jubilados que deben destinar cerca de la mitad de sus ingresos al pago de los servicios, mientras otros se endeudan para evitar la acumulación de facturas o un eventual corte.
“La economía ya no da para más. No es justo que una persona tenga que entregar el 50 % de su sueldo para pagar los servicios”, señaló.
Issa también aclaró que la responsabilidad no recae únicamente sobre Edesa y el Ente Regulador. Mencionó el peso que tiene el costo del transporte de la energía en la conformación final de la tarifa y atribuyó ese aumento a decisiones del Gobierno nacional.
