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Alejandro Moyano denunció que una empresa de sepelios le rechazó la cobertura tras la muerte de su esposa, pese a que llevaba meses pagando el servicio. El caso ya fue presentado ante Defensa del Consumidor.
Según relató Moyano, todo ocurrió el jueves por la mañana, pocas horas después de la muerte de su esposa en su vivienda. El hombre se dirigió a la empresa Pieve para solicitar el servicio funerario que, afirmó, abonaba mensualmente mediante débito automático desde septiembre del año pasado.
Lejos de encontrar una respuesta inmediata, sostuvo que comenzó una serie de exigencias que terminó por dejarlo sin cobertura.
“Primero me pidieron dos garantes”, contó. Ambos eran jóvenes trabajadores vinculados a la minería, de 23 y 25 años. Sin embargo, aseguró que además les solicitaron boletas de servicios y otra documentación respaldatoria. Ninguno tenía vivienda propia.
De acuerdo a su testimonio, aun presentando a los garantes y firmando un pagaré, la empresa condicionó la prestación al pago de una suma cercana a los $4.500.000, además de una supuesta aprobación interna para autorizar el servicio.
Moyano explicó que se había adherido al plan en agosto y que el primer descuento se realizó en septiembre. Según indicó, al momento de contratar consultó sobre los plazos de carencia y entendía que, como sucede habitualmente, el servicio podía utilizarse luego de algunos meses de aportes.
La situación tomó otro peso cuando relató el proceso de salud que atravesó su esposa. En noviembre comenzaron las complicaciones médicas y, en diciembre, fue trasladada desde Metán hacia la ciudad de Salta para una cirugía de columna por una hernia de disco. Durante la operación, los médicos detectaron un tumor.
“El diagnóstico de cáncer llegó recién en enero”, explicó. Es decir, varios meses después de haberse incorporado al servicio funerario.
“¿Cómo iba a saber yo que mi señora se iba a enfermar y terminar falleciendo?”, expresó el vecino, quien además denunció haber recibido un trato “sin empatía” por parte del personal que lo atendió.
Sin posibilidad de reunir el dinero que le exigían, señaló que recurrió al intendente José María Issa, quien finalmente colaboró con el cajón y los gastos funerarios para concretar el velatorio.
La denuncia también apunta a las condiciones con las que la empresa incorpora nuevos afiliados. Moyano sostuvo que hace apenas tres meses sumó a su hermano, de 59 años, al mismo servicio y que en ningún momento le solicitaron estudios médicos, antecedentes clínicos ni documentación vinculada a enfermedades preexistentes.
“Para cobrar no hay problema. El problema aparece cuando uno necesita usar el servicio”, cuestionó.
La presentación formal fue realizada ante Defensa del Consumidor, donde ya le asignaron una audiencia para el próximo 8 de junio. El hombre consideró excesivo el plazo y pidió que el trámite pueda agilizarse.
Además, aseguró que tras hacer pública su situación comenzaron a contactarlo vecinos de Metán y de otras localidades salteñas que, según dijo, atravesaron problemas similares con prestaciones funerarias.
“Yo no busco sacar ventaja económica. Lo único que quiero es que a otra familia no le pase esto en un momento así”, manifestó.
La denuncia golpeó fuerte en Metán porque volvió a poner en discusión cómo responden algunos servicios funerarios privados ante enfermedades graves o fallecimientos, en momentos donde muchas familias terminan teniendo que salir a pedir ayuda en medio del dolor para poder despedir a un ser querido.
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