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Conseguir un pasaje gratuito ya era una odisea para miles de familias. Ahora, tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones a las empresas, crece el temor de que viajar para un tratamiento médico sea todavía más difícil.
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del sistema de compensaciones económicas que el Estado venía otorgando a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños y adolescentes con cáncer.
La decisión quedó establecida mediante la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida deja sin efecto el régimen vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parte del costo que implicaba para las compañías cumplir con la entrega obligatoria de boletos sin cargo contemplados en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
El cambio se da en medio del proceso de desregulación del transporte automotor impulsado por el Gobierno de Javier Milei y ejecutado en el área por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Desde la administración nacional sostienen que el esquema “perdió sentido” luego de la entrada en vigencia del decreto 883/2024, que avanzó sobre la liberalización del servicio de larga distancia.
Sin embargo, detrás de la letra fría de la resolución aparece un interrogante que golpea de lleno sobre una realidad que ya venía siendo crítica. Porque aun cuando existía compensación estatal, conseguir un pasaje gratuito muchas veces se transformaba en una carrera desgastante para miles de familias: cupos agotados, demoras, negativas y empresas que, en la práctica, ponían obstáculos permanentes.
Ahora, sin ese respaldo económico, la incertidumbre crece.
Hay un punto que el Gobierno se encargó de aclarar en la normativa: el derecho a viajar gratis no fue eliminado. Las empresas continúan obligadas a emitir boletos sin cargo para los grupos alcanzados por la ley. Es decir, el beneficio sigue vigente sobre el papel.
Pero la discusión ya no pasa únicamente por lo legal. Pasa por lo real.
En terminales de todo el país, las personas con discapacidad y pacientes que necesitan trasladarse para tratamientos médicos conocen de memoria el circuito de ventanillas, formularios y respuestas evasivas. Muchas veces los viajes no son por turismo ni comodidad. Son para atenderse, operarse, hacerse estudios o continuar tratamientos prolongados lejos de sus ciudades.
En ese contexto, la eliminación de las compensaciones abre una pregunta incómoda que todavía no tiene respuesta: si con subsidios las empresas ya limitaban la entrega de pasajes, qué ocurrirá ahora que el Estado decidió retirarse completamente de ese esquema.
El Gobierno argumenta reducción del gasto y eliminación de distorsiones. Del otro lado, las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad advierten que el problema puede trasladarse directamente a quienes dependen del sistema para acceder a derechos básicos.
La resolución ya está en vigencia. Y aunque la obligación legal continúa, la preocupación empezó a crecer mucho antes de que el Boletín Oficial terminara de circular.
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