La comisión de Bomberos Voluntarios de Metán busca regularizar una deuda administrativa de gestiones anteriores para recuperar el acceso a subsidios nacionales y fortalecer el funcionamiento del cuartel.
En Metán, la situación del cuartel de bomberos voluntarios volvió al centro de la escena tras la renovación de su comisión directiva. El actual presidente de la institución, Rodrigo García, explicó el estado administrativo y financiero en el que se encuentra la entidad, con un obstáculo puntual que condiciona su funcionamiento; la imposibilidad de acceder a subsidios nacionales por una rendición pendiente de años anteriores.
Según detalló, el problema se remonta al período comprendido entre 2014 y 2018, cuando el cuartel recibió fondos provenientes del sistema nacional de financiamiento de bomberos voluntarios —integrado, entre otras fuentes, por aportes derivados de seguros vehiculares— que no fueron rendidos en su totalidad. La falta de esa documentación generó una deuda administrativa que hoy impide la llegada de nuevos recursos.
García precisó que el monto a regularizar asciende a 3 millones de pesos, cifra que debe ser reintegrada para destrabar el circuito de financiamiento. “Mientras no se salde esa deuda, no se habilita el envío de nuevos subsidios, aunque la institución tenga su situación legal y contable al día”, explicó.
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La actual conducción, indicó, heredó ese escenario ya consolidado. Desde entonces, el trabajo se centró en ordenar la documentación, recuperar la personería jurídica y normalizar aspectos administrativos que, según sostuvo, demandaron varios meses de gestión. En paralelo, se iniciaron gestiones para reunir el dinero necesario que permita cancelar la deuda y restablecer el flujo de fondos.
En ese marco, se logró el compromiso de un aporte extraordinario que permitirá cubrir el monto exigido. De concretarse, el cuartel quedaría en condiciones de recibir nuevamente el subsidio nacional, estimado en alrededor de 50 millones de pesos para el próximo período.
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Los recursos, explicó el presidente, están destinados principalmente a equipamiento y mantenimiento. Entre las prioridades mencionó la compra de trajes estructurales —indumentaria esencial para intervenciones en incendios—, la reparación de vehículos y el reacondicionamiento de equipos que presentan desgaste por el uso intensivo.
En cuanto al funcionamiento actual, García sostuvo que el cuartel mantiene operatividad, con personal inscripto en el Registro Único de Bomberos de la República Argentina (RUBA), cobertura de seguros y asistencia en combustible a través de organismos provinciales. No obstante, reconoció que los recursos resultan limitados frente a la demanda y el costo del sostenimiento diario.
También señaló que la institución implementó mecanismos internos de control sobre el uso de vehículos y la administración del combustible, con rendiciones periódicas ante los organismos correspondientes.
Respecto de la posibilidad de avanzar en acciones judiciales por la falta de rendición de los fondos originales, indicó que se evalúa la presentación de denuncias para delimitar responsabilidades. Sin embargo, advirtió que el tiempo transcurrido podría limitar el alcance de esas acciones.
La nueva comisión, según afirmó, tiene como objetivo principal dejar regularizada la situación administrativa y financiera del cuartel, con la intención de evitar que futuras gestiones enfrenten las mismas dificultades.
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