Volvieron las máquinas a la ruta 9/34: Salta adelantó $570 millones

El jefe de Gabinete rechazó las publicaciones de dirigentes libertarios que atribuyeron al Gobierno nacional la reanudación de los trabajos entre Metán y Rosario de la Frontera. La Provincia adelantó $570 millones para cancelar certificados impagos. El contrato y el control técnico continúan bajo la órbita de Vialidad Nacional.

La reactivación de los trabajos sobre la ruta nacional 9/34 abrió un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno de Salta y sectores vinculados con la administración de Javier Milei. El jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho, sostuvo que las máquinas regresaron al tramo Metán–Rosario de la Frontera después de que la Provincia asumiera pagos que correspondían a la Nación.

“Más de lo mismo”, respondió el funcionario al ser consultado por publicaciones de dirigentes libertarios que presentaron la intervención como una obra financiada por la Casa Rosada. Según explicó, el atraso de Vialidad Nacional en la cancelación de certificados había frenado las tareas y agravado el deterioro de la calzada.

El aporte provincial inmediato ronda los $570 millones y está destinado a cubrir certificados vencidos con la empresa contratista. El compromiso financiero total para recuperar los 27 kilómetros más dañados fue estimado entre $2.800 millones y $3.000 millones. Los trabajos tendrán una duración aproximada de cinco meses. El convenio fue firmado el 27 de mayo por Gustavo Sáenz y el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Fondos provinciales y control nacional

La intervención no transfiere la obra a la Provincia ni modifica el contrato original. La jurisdicción, la inspección, la certificación y el control de calidad permanecen a cargo de Vialidad Nacional. Salta adelanta los fondos bajo un mecanismo que contempla su posterior devolución.

Tampoco se trata de la construcción de la autopista de cuatro carriles anunciada para unir Rosario de la Frontera con Yatasto. Las tareas actuales se concentran en la recuperación de la calzada existente mediante saneamiento, bacheo profundo, repavimentación y perfilado de banquinas.

Camacho explicó que, cuando la rotura alcanza las capas inferiores del pavimento, se retira el material deteriorado, se reconstruye la base, se compacta nuevamente y se coloca una carpeta de concreto asfáltico en caliente. En los sectores donde la estructura conserva capacidad resistente, se realizan reparaciones localizadas antes de extender la nueva capa de rodamiento.

La futura autopista continúa dentro del contrato nacional y su ejecución depende del financiamiento de la Casa Rosada. La Provincia intervino sobre la traza actual ante el estado de la ruta y el riesgo que representa para automovilistas, transportistas y pasajeros.

Camacho recordó que en junio de 2024 Salta y Nación firmaron un acuerdo para distribuir responsabilidades sobre las obras paralizadas. El Gobierno nacional mantuvo a su cargo los proyectos de mayor envergadura, entre ellos las rutas 9/34, 51 y 40, el puente sobre el río Vaqueros y su circunvalación, plantas depuradoras y la Ciudad Judicial de Orán. Esos compromisos fueron ratificados en marzo de 2025 por Guillermo Francos y Luis Caputo.

La Provincia, por su parte, asumió la continuidad de 65 proyectos hídricos, viales, educativos, sociales y urbanos que habían quedado sin financiamiento. El acuerdo también incluyó la terminación de casi 2.000 viviendas y trabajos en 18 edificios escolares. La inversión provincial anunciada en aquel momento alcanzaba los $17.000 millones.

El jefe de Gabinete incluyó en el mismo planteo al puente de Vaqueros y a sectores de la ruta nacional 51. Según afirmó, Salta también debió adelantar recursos para sostener esas obras frente a la demora de los pagos nacionales.

Su crítica estuvo dirigida especialmente a los referentes libertarios de la provincia. Camacho consideró “incoherente” que se atribuyan trabajos que permanecieron paralizados durante buena parte de 2024 y 2025 y que ahora avanzan mediante asistencia financiera salteña.

Alerta en Salta: una plaga podría inutilizar los bananales por 30 años

La apertura bananera y el reclamo del norte

El funcionario extendió sus cuestionamientos a la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dejó sin efecto normas sanitarias aplicadas durante más de tres décadas al ingreso de banana importada en las provincias productoras.

Camacho calificó la medida como “un absoluto despropósito” y la presentó como otra expresión del “centralismo porteño”. Sostuvo que la decisión se tomó sin consultar a Salta, Jujuy ni a los productores, pese a las consecuencias que una enfermedad cuarentenaria podría tener sobre los cultivos.

La principal preocupación es el posible ingreso del Fusarium raza 4 tropical, conocido como mal de Panamá. El hongo no tiene tratamiento curativo, puede permanecer durante décadas en el suelo y obliga a erradicar las plantas afectadas.

La Nación fundamentó la derogación en la existencia de procedimientos actuales de análisis de riesgo, certificación, trazabilidad y fiscalización. Para Camacho, esa respuesta no alcanza mientras no se informe qué protección sustituirá las restricciones eliminadas. Salta solicitó una reunión con Agricultura y el SENASA para conocer el régimen que se aplicará desde ahora.

El jefe de Gabinete vinculó la medida con una política nacional que, a su entender, deja a las economías regionales expuestas frente a la producción extranjera. Señaló que la banana salteña mejoró su rendimiento, presentación y capacidad comercial, pero todavía debe competir con fruta importada bajo condiciones diferentes.

Corredor bioceánico, crédito y peajes

Camacho también confirmó que la Provincia continuará con el financiamiento internacional destinado al Corredor Bioceánico del Eje de Capricornio. El programa respaldado por Fonplata dispone de USD 100 millones para obras sobre la ruta nacional 51, la ruta provincial 24, el bypass de Campo Quijano, sistemas de agua y saneamiento y puestos de control fronterizo. El proyecto busca mejorar la conexión de Salta con Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.

El funcionario indicó que el endeudamiento ya recibió las autorizaciones correspondientes y que se trabaja en la documentación técnica para las licitaciones. En paralelo, el Ejecutivo provincial gestiona con el Banco Interamericano de Desarrollo otro financiamiento de hasta USD 100 millones para pavimentar 91 kilómetros de la ruta 51, entre Campo Amarillo y el paso internacional de Sico.

Para Camacho, la necesidad de recurrir a créditos provinciales vuelve a mostrar el retiro de Nación de las obras requeridas para conectar la producción del norte con los puertos del Atlántico y del Pacífico.

También cuestionó el destino del impuesto nacional incluido en el precio de los combustibles. Afirmó que los salteños lo pagan, pero que esos recursos no se traducen en mantenimiento suficiente de las rutas que atraviesan la provincia.

La Casa Rosada avanza, mientras tanto, con la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que incluye más de 3.900 kilómetros de rutas y contempla los corredores del Noroeste. El esquema prevé que empresas privadas asuman la explotación, la administración y el mantenimiento, bajo supervisión de Vialidad Nacional y sin subsidios públicos. La apertura de las ofertas económicas se realizó el 22 de julio.

Camacho advirtió que el nuevo modelo podría sumar estaciones y elevar las tarifas de peaje. Al mismo tiempo, manifestó que espera que la futura concesionaria cumpla con el mantenimiento, una obligación que, según señaló, no fue atendida por la empresa estatal que administró el corredor y cobró en Cabeza de Buey.