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El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta firmó en Metán un acta de adhesión junto a organismos judiciales, sanitarios, policiales y municipales. La iniciativa apunta a fortalecer la coordinación institucional, reducir la revictimización y agilizar las respuestas del Estado ante situaciones de violencia.
La lucha contra la violencia de género enfrenta un desafío que trasciende la existencia de leyes, protocolos o medidas judiciales y es lograr que las distintas instituciones del Estado trabajen de manera coordinada cuando una mujer atraviesa una situación de riesgo.
Bajo esa premisa se desarrolló en Metán una jornada de trabajo encabezada por integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, que concluyó con la firma de un acta de adhesión destinada a fortalecer la articulación entre los organismos que intervienen en estos casos dentro del Distrito Judicial del Sur.
La actividad reunió a representantes de la Justicia, Salud, fuerzas de seguridad y autoridades municipales. El encuentro fue el resultado de una serie de reuniones previas iniciadas meses atrás con el objetivo de analizar las necesidades específicas de la región y construir herramientas adaptadas a la realidad local.
La jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur, Frida Lía Bosernitzan, destacó que el trabajo no comenzó con la firma del documento sino varios meses antes, cuando integrantes del Observatorio visitaron la sede judicial de Metán para relevar problemáticas y evaluar posibles mecanismos de intervención conjunta.
La magistrada señaló que la iniciativa representa la continuidad de una tarea que se viene desarrollando desde marzo y valoró especialmente la presencia de los distintos organismos convocados. Según sostuvo, la amplia participación institucional refleja la preocupación existente frente a una problemática compleja que requiere respuestas integrales.
Durante la jornada, la integrante del Directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres por el Poder Judicial, Pilar González Sastre, explicó que el programa forma parte de una política que el organismo viene implementando en distintos puntos de la provincia.
La funcionaria precisó que este es el cuarto acuerdo de estas características firmado por el Observatorio y remarcó que la metodología de trabajo se basa en el abordaje territorial. “La idea es trabajar sobre las necesidades y particularidades de cada lugar”, señaló.
González Sastre explicó que el instrumento suscripto busca optimizar la intervención estatal desde el primer contacto con una persona que atraviesa una situación de violencia.
En ese sentido, indicó que uno de los objetivos principales consiste en identificar de manera temprana los casos de vulnerabilidad, establecer con claridad los canales de denuncia disponibles, definir los circuitos de actuación institucional y garantizar que las medidas de protección lleguen con la rapidez que requieren este tipo de situaciones.
“Lo que buscamos es mejorar el proceso y dar una respuesta estatal con la celeridad que exige la urgencia de estos casos”, sostuvo.
La representante del Observatorio destacó además la importancia de la convocatoria alcanzada en Metán, donde participaron organismos de distintas áreas del Estado, entre ellos Salud, Justicia, Policía y autoridades municipales.
A su entender, la presencia de todos los sectores involucrados demuestra que existe conciencia sobre la gravedad de la problemática y voluntad para avanzar en soluciones concretas.
Uno de los aspectos centrales de la jornada estuvo relacionado con la necesidad de evitar la revictimización de las personas que buscan ayuda.
Sobre este punto, la licenciada Natalia Fuentes explicó que el Observatorio detectó hace tiempo la conveniencia de generar espacios de articulación entre organismos para impedir que las víctimas deban repetir una y otra vez sus experiencias ante distintas instituciones o enfrentar recorridos burocráticos que terminan dificultando el acceso a la protección estatal.
“La idea es evitar la superposición de acciones y construir mecanismos de intervención coordinados”, explicó.
Fuentes detalló que el trabajo realizado en Metán incluyó la elaboración de un flujograma de actuación diseñado específicamente para el Distrito Judicial del Sur.
Este documento establece procedimientos y define responsabilidades institucionales de acuerdo con las características propias de la región.
El municipio de Metán profundizará medidas frente a casos de violencia de género
Según explicó, durante las reuniones previas se detectaron necesidades vinculadas a las medidas de protección, el acceso a servicios de salud mental y la articulación entre organismos en localidades donde la disponibilidad de recursos suele ser menor que en la capital provincial.
La funcionaria sostuvo que las diferencias entre Salta Capital y el interior obligan a construir respuestas diferenciadas.
“En la capital existe una cercanía mayor entre los servicios y una disponibilidad más amplia de profesionales. Esa realidad no siempre se replica en los municipios del interior”, señaló.
Por ese motivo, agregó, el trabajo del Observatorio apunta a reconocer las herramientas ya existentes en cada localidad, fortalecerlas y generar mecanismos de coordinación que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles.
Consultadas sobre la posibilidad de instalar delegaciones permanentes en el interior, las representantes del organismo aclararon que actualmente no cuentan con recursos económicos ni humanos suficientes para establecer oficinas en cada departamento de la provincia.
Sin embargo, remarcaron que la estrategia institucional pasa por mantener presencia territorial mediante capacitaciones, reuniones de seguimiento y procesos permanentes de articulación con los actores locales.
En ese marco, González Sastre destacó especialmente el rol desempeñado por la jueza Bosernitzan a en la convocatoria realizada en Metán.
Según expresó, la magistrada fue una de las impulsoras del proceso de trabajo local y contribuyó a reunir a los distintos organismos involucrados.
“La herramienta por sí sola no alcanza. Lo importante es el compromiso de quienes participan para dar respuestas concretas a la ciudadanía”, afirmó.
Por su parte, Bosernitzan señaló que la Escuela de la Magistratura mantiene una política de puertas abiertas y trabaja de manera permanente con la comunidad a través de programas de capacitación y extensión.
La jueza invitó a instituciones y vecinos a acercar propuestas y necesidades vinculadas a temáticas de interés general, destacando que la formación y la prevención constituyen herramientas fundamentales para abordar problemáticas sociales complejas.
La firma del acta marca ahora el inicio de una etapa de seguimiento y evaluación.
Desde el Observatorio adelantaron que durante los próximos meses se realizará un monitoreo destinado a verificar si las herramientas acordadas funcionan adecuadamente en la práctica y si resulta necesario introducir modificaciones.
Las reuniones futuras serán más específicas y estarán orientadas a medir resultados concretos, identificar dificultades y fortalecer aquellos aspectos que permitan mejorar la respuesta institucional.
La expectativa de los organismos participantes es que el trabajo articulado contribuya a reducir obstáculos, acelerar intervenciones y garantizar una asistencia más efectiva para las personas que atraviesan situaciones de violencia en el sur provincial, una región donde las distancias geográficas y la disponibilidad de recursos suelen agregar complejidad a una problemática que exige respuestas rápidas y coordinadas.
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